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Este jueves, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó una conferencia de prensa en la que explicó de qué se trata la investigación y el pliego de cargos anunciado en contra de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), dimayor y 28 clubes profesionales del fútbol colombiano.
Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia de dicha entidad, fue el encargado de exponer las particularidades del asunto y responder a los cuestionamientos de la prensa sobre el nuevo lío del balompié general. Claro Sports lo divide en tres apartados para una mejor comprensión: los hechos, las posibles consecuencias y lo que no va dentro de estas investigaciones.
Los hechos
La investigación y el pliego de cargos de da a partir de varias conductas que, presuntamente, violarían los estándares para garantizar la libre competencia. El primero es que los implicados habrían pactado salarios lo más cercanos posibles al salario mínimo para las futbolistas de la rama femenina. Melo explicó que se analizaron 1274 contratos y la mayoría dan indicios de esta falta. Además, los vínculos laborales habrían incluido un desmejoramientos para que los clubes sacaran provecho por cuenta de la explotación de los derechos de imagen de las jugadoras.
Otro punto clave de la investigación tiene que ver con la financiación de la liga femenina. El superintendente delegado reseñó que la FCF y Dimayor han dicho que carecen de financiación para organizar una competición femenina seria, pero hay sospechas de negligencia y negativa a recibir los recursos para evitar que sean susceptibles de fiscalización.
Además, está lo que tiene que ver con la transmisión de los partidos. Esto se hizo por medio de un contrato entre Dimayor y el canal Win Sports que dice que se deben transmitir 10 encuentros masculinos y uno solo femenino, pero hay dentro de ese documento una excepción para que ese único partido sea remplazado por cualquier otro, así sea masculino.
Posibles consecuencias
La SIC dice que se está adelantando una investigación administrativa para establecer si los hechos efectivamente se han presentado y si tienen carácter ilegal. La notificación a los investigados está en trámite.
Algo muy importante es que la Superintendencia da una primera oportunidad para que los implicados frenen las acciones en su contra. Esto sería con una posición de negociación si se asumen compromisos a través del ofrecimiento de garantías con seriedad e idoneidad de condiciones.
El resultado puede ser la imposición de multas millonarias si se comprueban los hechos. En lo que tiene que ver con las personas naturales, su situación financiera solamente será clave si el proceso llega hasta el final, no en caso de que decidan asumir los compromisos.
Lo que no va
Las explicaciones de Melo también se enfocaron en hacer precisión en algunos puntos que no hacen parte de este caso. Uno de ellos tiene que ver con vetos a futbolistas y quedó claro que esto hace parte de otra investigación.
Esa averiguación, según lo explicado por el superintendente delegado, está en curso hace más de un año y se ha enfocado en establecer si existieron acuerdos entre clubes para no contratar a jugadores que no siguen las reglas establecidas. Esto se ha concentrado en la rama masculina principalmente. Aunque inicialmente presentaron garantías, después se rechazaron por no cumplir los requisitos de ley.
Otra situación que no está dentro de la anunciada investigación es el costo de la Liga Femenina. Recientemente, se generó asombro al conocer que la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor expresaron que hacer una liga de un año entero costaba cerca de 40.000 millones de pesos. Ese presupuesto y su concordancia con la realidad no hace parte de este caso.