La SIC ejecuta operativo sorpresa por presunta corrupción en el fútbol colombiano

Un operativo sorpresa coordinado en distintas instituciones del fútbol colombiano se ejecutó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio este miércoles. El ente de vigilancia pretende obtener pruebas sobre presunta corrupción en el fútbol colombiano, así como la posible vulneración de derechos a los trabajadores y ciertas irregularidades en contratos.

Por un lado, llegó la visita al edificio al norte de Bogotá que alberga las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol, Difútbol y Dimayor. Allí, se incautaron documentos, computadores y teléfonos celulares, entre los que estarían los de Ramón Jesurun, Álvaro González Alzate y Fernando Jaramillo, todos miembros del Comité Ejecutivo de la FCF.

11 clubes, bajo sospecha

Por otra parte, la acción coordinada se dio en 11 clubes del fútbol profesional colombiano: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, La Equidad, Atlético Huila, Cortuluá, Atlético Bucaramanga y Orsomarso. Se pidieron copias de los contratos de las plantillas masculina y femenina, así como diversos documentos en los que consta la actividad financiera de los equipos.

Una de las motivaciones de la Superintendencia sería una sospecha de prácticas desleales y que violan la libre competencia en cuanto a la contratación de jugadoras. Las sorpresivas visitas se dieron mientras se desarrollaba la Asamblea de Dimayor, en la que se discutieron puntos trascendentales de los campeonatos como acabar el promedio como fórmula para determinar el descenso de los equipos.

Según información del periodista Alejandro Pino Calad, el operativo respondería a una orden del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien pretende asegurarse que el fútbol colombiano esté siguiendo las normas empresariales como cualquier otra compañía del país. De encontrar irregularidades, la Superintendencia iniciaría procesos sancionatorios y, de ser el caso, denunciaría hechos ante la Fiscalía para iniciar investigaciones penales en contra de los dirigentes.